Pacheco Sin Límites

Foto: Fachada de una comunidad de vivienda pública en Puerto Rico

La Administración Trump ha propuesto una norma que impone un límite de tiempo de dos años en los subsidios de vivienda para personas en edad productiva en todo Estados Unidos. Los ancianos y las personas con incapacidades estarían exentas.

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas Públicas estima que casi 4 millones de personas —más de la mitad de ellas niños— correrían el riesgo de quedar sin techo, incluyendo más de 100 mil casos en Puerto Rico. La fecha límite para comentar es el 1 de mayo de 2026.

El Nuevo Día, el periódico principal de la isla, hizo un llamado para comentar y recomendó hacerlo en inglés, utilizando traductores automáticos, aclarando que ese es el idioma operativo del gobierno federal.

Por su parte, el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso, Pablo José Hernández, recopiló testimonios del pueblo para presentarlos en Washington.

Mientras tanto, otros territorios de Estados Unidos —Guam, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana— pudieron comentar directamente. Aunque conservan sus idiomas culturales, sus gobiernos operan en inglés. Ese no es el caso de Puerto Rico.

La isla está sujeta a decisiones federales que afectan directamente la vida de su población, pero la mayoría del pueblo puertorriqueño no puede o no sabe participar plenamente en discusiones públicas, opinar sobre regulaciones y acceder a información sin depender de traductores, consultores, abogados o funcionarios por la barrera idiomática.

El problema no es el español, sino la incapacidad del sistema educativo puertorriqueño para formar ciudadanos bilingües. No se trata de falta de recursos ni de exposición a Estados Unidos. Después de más de un siglo de relación política con Estados Unidos, su influencia es innegable. El problema es la politización del inglés en la isla.

Durante décadas, el inglés ha sido tratado como símbolo ideológico—ya sea como imposición colonial, amenaza cultural o aspiración a convertir a la isla en un estado—en lugar de asumirse como el idioma en que trabaja el poder federal que decide sobre vivienda, salud, educación y fondos públicos.

Yo leo con frecuencia los periódicos de Guam y las Islas Vírgenes para compararlos con la situación política de Puerto Rico. Experimentan problemas similares, pero no percibo malos entendidos significativos con Washington porque hablan el mismo idioma.

En 2024, la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, en inglés) reveló que apenas un 22% de los residentes de Puerto Rico habla inglés “muy bien.” La politización de la educación le está pasando factura al pueblo puertorriqueño en momentos de crisis y eso influye hasta en la economía.

El inglés es el idioma predominante en las ciencias, la tecnología, la diplomacia y la economía global. Gran parte de la producción científica y técnica se publica originalmente en inglés.

El español también genera conocimiento, pero el inglés funciona hoy como el principal medio de difusión global. ¿Usted se imagina la ventaja de acceder al conocimiento recién salido de la fuente original, en cualquiera de los idiomas, sin traducción?

La mayoría de los puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos enfrentan barreras similares a las de extranjeros recién llegados, aun siendo ciudadanos estadounidenses por nacimiento, porque Puerto Rico no los preparó adecuadamente.

Los proyectos de educación bilingüe en Puerto Rico se implementan como programas pilotos de aspiración hueca porque todo depende del partido en el poder, pero no se les da continuidad cuando cambia el gobierno.

Y el presupuesto para ellos, que casi siempre es federal, termina utilizándose en vano. La clase política de Puerto Rico ha funcionado bajo la expectativa de que el flujo de dinero desde Washington será permanente.

Sometí un comentario a la norma federal enfocado en el impacto de la nueva regla en el trabajo administrativo de las agencias de vivienda a nivel nacional, ya que la rotación constante por los límites de tiempo aumentaría el trabajo de selección y colocación de nuevos residentes, incluyendo la inspección y el mantenimiento de las viviendas.

Sin embargo, les corresponde a los residentes de Puerto Rico y al gobierno puertorriqueño expresar cómo esta medida afectaría su realidad específica, porque no vivo allá ni puedo hablar por ellos.